Sin acuerdo: Universidades anunciaron un paro nacional

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Los gremios rechazaron el aumento del 3% ofrecido por el Gobierno y convocaron a un paro en defensa de salarios y financiamiento.

Los gremios universitarios anunciaron un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre luego de que fracasara la reunión paritaria con el Gobierno. La propuesta oficial fue de un aumento del 3% para los sueldos de septiembre, muy lejos del 31% que reclaman los trabajadores.

Entre las federaciones que confirmaron la huelga figuran Fedun y Conadu Histórica, con alcance nacional. “Hay una ley vigente y una medida cautelar que el Gobierno tiene que cumplir. Por eso vamos al paro: para defender nuestros salarios y exigir que se respete la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó Daniel Ricci, secretario general de Fedun.

Conadu Histórica también fijó su postura tras la fallida reunión. Francisca Staiti, su secretaria general, sostuvo que la propuesta oficial está “muy lejos de lo adeudado” y que el Ejecutivo “busca ganar tiempo frente a la Justicia”. Desde el Frente Gremial Universitario confirmaron que el jueves 3 de septiembre se reunirán en Bariloche, en ocasión del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, para definir nuevas medidas de fuerza y evaluar la convocatoria a una quinta marcha federal.

La Justicia ratificó cautelar a favor de universidades

Por otra parte, el juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick resolvió mantener vigente la medida cautelar que protege a las universidades nacionales y rechazó el pedido del Gobierno para levantarla. La decisión se enmarca en la acción colectiva promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado por el cumplimiento de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de la educación superior.

Para el magistrado, los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados entre el Ejecutivo, el CIN y los gremios universitarios no fueron suficientes para demostrar que los perjuicios que originaron la cautelar hayan sido superados. En consecuencia, la protección judicial continúa vigente y obliga al Gobierno a sostener los compromisos asumidos.

La falta de acuerdo en la mesa paritaria, sumada a la ratificación judicial de la cautelar, refuerza la presión sobre el Ejecutivo y anticipa un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la comunidad académica, que reclama recursos y respeto a la educación pública.

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