Alejandro Vilches presentó este mediodía su renuncia a la Secretaría Nacional de Discapacidad, según informaron fuentes del Gobierno nacional. El funcionario comunicó su decisión mediante una carta en la que argumentó motivos personales. Por el momento, el Ministerio de Salud evalúa quién ocupará su lugar.
La salida se produjo en un contexto de discusión interna por las partidas destinadas a discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las previsiones para el próximo ejercicio generaron cuestionamientos de sectores de la oposición y también malestar dentro del oficialismo, donde algunos referentes señalaron que no habían sido informados sobre las decisiones presupuestarias.
Frente a las críticas, desde el Gobierno admitieron la posibilidad de revisar las partidas previstas para el área durante el tratamiento del presupuesto. En paralelo, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en una iniciativa destinada a reemplazar la normativa de emergencia vigente en materia de discapacidad.
Una política que atraviesa distintas áreas del Estado
La política de discapacidad comprende un conjunto de derechos y servicios que exceden la atención sanitaria. Accesibilidad, transporte, educación, empleo, protección social, autonomía y participación comunitaria forman parte de una agenda que requiere la intervención de distintos organismos estatales.
Por esa característica transversal, las decisiones vinculadas con el sector demandan coordinación entre diferentes áreas del Estado, tanto en materia presupuestaria como legislativa y de implementación de políticas públicas.
El organismo encargado de las políticas nacionales de discapacidad no tuvo históricamente una dependencia exclusiva del área sanitaria y mantiene vínculos de articulación con otros organismos públicos y actores de la sociedad civil. Tras su incorporación al Ministerio de Salud, esa dinámica interinstitucional continuó siendo necesaria para abordar las distintas dimensiones de la agenda.
En ese marco, la cartera sanitaria interviene dentro de sus competencias y brinda asistencia técnica cuando corresponde, mientras que la definición y ejecución de políticas de discapacidad requiere coordinación con otras áreas estatales debido al alcance de los derechos involucrados.