El juez Martín Cormick estableció un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento integral a la medida cautelar vigente.
El Gobierno nacional deberá cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena avanzar con las disposiciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Así lo resolvió el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien advirtió que aplicará multas por cada día de demora si el Ejecutivo no acata la resolución.
La decisión responde a un pedido realizado por las universidades nacionales, que habían reclamado una nueva intervención de la Justicia ante la falta de cumplimiento integral de la medida. La cautelar había sido dictada por el propio Cormick en diciembre del año pasado, recibió el aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme luego de que la Corte Suprema se pronunciara sobre el expediente el 25 de junio.
El fallo establece que el Estado Nacional deberá dar “efectivo cumplimiento” a la medida dentro de un plazo de cinco días. La resolución alcanza, entre otros puntos, las disposiciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
Desde el ámbito universitario recibieron la decisión como un respaldo a los reclamos que vienen sosteniendo frente al Gobierno nacional. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, señaló que esperaban una resolución judicial luego de haber planteado el incumplimiento de la cautelar.
“Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados”, sostuvo Bartolacci, quien además afirmó que las universidades continuarán reclamando hasta alcanzar el cumplimiento integral de la ley.
El conflicto se mantiene también en el ámbito de la negociación salarial. Las universidades y los gremios del sector calculan que los salarios acumulan un atraso del 31,2%, mientras que la última propuesta presentada por el Gobierno contempla una recomposición del 3%.
La diferencia entre ambas posiciones volvió a profundizar el conflicto y derivó en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, además de nuevas medidas de fuerza impulsadas por los sindicatos del sector.
