Un nuevo freno judicial golpea el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei. La jueza federal Martina Isabel Forns hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y suspendió por seis meses la aplicación del Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional y su fragmentación en diferentes áreas del Estado.
El fallo fue emitido por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín y establece que, durante el período de suspensión, el Gobierno no podrá realizar traslados, pases a disponibilidad, cesantías ni suprimir estructuras dentro del organismo.
“El decreto vulnera normas y garantías laborales vigentes”, remarcó la magistrada, quien consideró que se encontraban cumplidos los requisitos legales para dictar la medida de no innovar. Además, citó los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que impiden al Estado alterar de forma unilateral las condiciones laborales establecidas por normas colectivas.
La resolución también cuestiona el artículo 32 del decreto, que fijaba un límite temporal a la estabilidad laboral del personal, al considerar que contradice el principio de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos por los empleados.
La Dirección Nacional de Vialidad, responsable de planificar y ejecutar obras viales en todo el país, deberá continuar operando normalmente al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión judicial: si es legal o no el cierre dispuesto por el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger.