El inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales quedó en suspenso. Los docentes nucleados en la CONADU declararon un paro de al menos una semana en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, una medida de fuerza que retrasará el comienzo de clases previsto para el 16 de marzo.
La decisión fue adoptada durante un plenario de secretarios generales, donde además se advirtió que, si el Gobierno no cumple con la norma vigente, podrían avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado.
La ley en cuestión eleva el presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios y dispone una actualización retroactiva de los salarios docentes, que quedarían atados a la inflación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo vetó la norma tras haberse opuesto a ella durante su tratamiento parlamentario. El Congreso insistió con su aprobación con los dos tercios de los votos, pero el Gobierno se negó a implementarla y mantuvo su rechazo, pese a la existencia de un fallo judicial que lo obliga a hacerlo.
En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto de ley que podría tratarse una vez finalizado el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que concluye mañana. La iniciativa contempla un aumento de fondos y salarios, aunque muy por debajo de lo establecido en la ley actualmente incumplida.
El conflicto abre un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema universitario público.