La Cámara de Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y dio media sanción a un nuevo régimen penal juvenil, en lo que significó un nuevo triunfo parlamentario para el oficialismo. La votación se definió con 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora el proyecto deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa fue respaldada por el bloque libertario junto a sus aliados habituales del PRO, la UCR y el MID, y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y el bloque sanjuanino Producción y Trabajo. En tanto, un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra, al considerar que se trata de una propuesta punitivista.
El debate dejó en evidencia una división dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo rechazó de plano la reforma, el Frente Renovador —referenciado en Sergio Massa— acompañó la baja a 14 años, aunque advirtió que el cambio debería enmarcarse en una reforma integral del Código Penal y no en un régimen específico. Desde ese espacio señalaron que, de sancionarse la ley, podría ser judicializada.
Los principales puntos del proyecto
El texto aprobado fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, determina que la prisión efectiva solo podrá aplicarse en casos de delitos graves con escalas penales de diez años o más.
Para el resto de los delitos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño. El proyecto reafirma las garantías procesales y establece que la privación de la libertad será el último recurso.
Asimismo, dispone estándares específicos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
La norma prevé que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de su reglamentación, plazo en el que el sistema penitenciario federal y las provincias deberán adecuar sus instalaciones. Además, contempla una asignación presupuestaria inicial de 23.000 millones de pesos.