Los créditos bancarios y préstamos familiares se consolidan como estrategias de los inquilinos para afrontar el costo de la vivienda.
El endeudamiento para pagar el alquiler se convirtió en una realidad cotidiana para miles de familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un informe de Tejido Urbano, casi el 40% de los hogares inquilinos recurre a algún tipo de préstamo para sostener el gasto de la vivienda, una cifra que supera el promedio nacional y refleja la presión particular que ejercen los altos costos en los grandes centros urbanos.
El estudio muestra un cambio en la forma de administrar la economía doméstica. Hasta 2022 predominaba una “economía de amortiguación”, basada en el uso de ahorros o ayuda familiar. Desde 2024, sin embargo, se observa un viraje hacia una “economía de financiamiento”, donde los créditos —formales e informales— ocupan un lugar central en la vida de los inquilinos.
En informe afirma que el uso de ahorros y préstamos alcanzó su punto más alto en 2024 y luego comenzó a estabilizarse. Pero la mayor dependencia del crédito formal trae consigo nuevas presiones: tasas de interés elevadas, plazos de pago rígidos y cuotas que impactan directamente en el presupuesto mensual. Para muchas familias, endeudarse dejó de ser un recurso excepcional y se convirtió en parte de la rutina económica.
El crédito bancario en el AMBA pasó del 9,3% en 2022 al 18,7% en 2025. El estudio advierte que esta dinámica genera un círculo difícil de romper, con hogares se endeudan para cubrir gastos básicos, pero las cuotas reducen su capacidad de ahorro y los obligan a volver a pedir préstamos. La fragilidad financiera se convierte así en un estado permanente.
La investigación también señala que el endeudamiento para pagar alquileres no solo refleja una crisis económica, sino también un cambio cultural. Los especialistas advierten que esta situación plantea un desafío urgente para las políticas públicas, que deben ampliar la oferta de vivienda accesible, mejorar la calidad del empleo y generar mecanismos de protección para los inquilinos frente a la volatilidad del sistema financiero.
En conclusión, el informe expone la fragilidad financiera y plantea la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la vivienda evitando que las familias queden atrapadas en un ciclo de deuda permanente.