Eduardo Ruffo, represor de la SIDE durante la última dictadura condenado a perpetua, consiguió la libertad condicional. De esta manera, la Justicia se contradice con otros fallos, como en el caso De Vido, a quien le rechazaron la prisión domiciliaria pese a su estado de salud.
Como un deja vu del gobierno de Mauricio Macri, la Justicia continúa con la tendencia de otorgar beneficios a genocidas de la última dictadura militar. Durante la semana pasada, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, con la firma del juez José Michilini, le otorgó la libertad condicional a Eduardo Ruffo. Se trata del represor de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante el gobierno de facto de 1976, quien fue condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en Automotores Orletti y sentenciado por la apropiación de Carla Artés Company.
Ruffo, de 80 años, llevaba más de cinco años en prisión domiciliaria. En 2011, lo condenaron a 25 años de prisión por secuestros y tormentos ocurridos en el centro clandestino que se montó en Automotores Orletti, que en tan solo un año de funcionamiento alojó a 300 detenidos-desaparecidos. En 2012, recibió la pena de 14 años por su rol en el plan sistemático de apropiación de niños, ya que se le encontró vínculo con distintos casos. En 2020, el TOF 1 lo condenó a prisión perpetua en el juicio conocido como Orletti V.
Desde 2021, Ruffo ha pedido la libertad condicional en varias ocasiones, sin éxito. En las entrevistas que mantuvo para determinar si le correspondía el beneficio, el represor no se mostró arrepentido por haberse apropiado de Carla, quien también denunció que fue sometida a malos tratos y abusos mientras estuvo con el matrimonio Ruffo. “Le salvé la vida”, se jactó en más de una ocasión. Según se consignó en el expediente, Ruffo justificó su accionar por el contexto imperante en los años ‘70.
“La sensación es indignación, estupor, pero no es sorpresa. Estos retrocesos en materia judicial se dan con un gobierno que tuvo en su fórmula presidencial a alguien que reivindica el terrorismo de Estado en Argentina, y que está alineado ideológicamente con el gobierno de facto”, expresó, Ernesto “Turco” Gayá, hijo de Gustavo Gayá y Estela María Moya, quienes estuvieron detenidos en Automotores Orletti.
Al respecto, el integrante de H.I.J.O.S. Capital cargó contra el beneficio de Ruffo y el hecho de que pueda volver a andar por la calle: “En términos personales, no siento temor. Siento preocupación. En la sentencia aclaran que se mantenga lejos de las familias de sus víctimas, pero que lo diga un fallo judicial no garantiza que lo cumpla. Si violó la Constitución al ser parte del terrorismo de Estado, ¿por qué le haría caso a una sentencia judicial? A los genocidas no les importa lo que digan las leyes y la Justicia”.
En todos los anteriores intentos de Ruffo de conseguir la libertad condicional, el juez Michilini optó por la postura de las víctimas y del fiscal Pablo Ouviña, que no había pronóstico de reinserción social favorable. Para ello, debería comprender y respetar la ley, así como la gravedad de los hechos cometidos. Además, Ruffo ha mantenido el silencio sobre el destino de los desaparecidos y no muestra arrepentimiento ni empatía con quienes siguen buscando saber qué pasó con sus seres queridos.
No obstante, Michilini le otorgó el beneficio esta vez y el represor de la SIDE andará libre. ¿Qué cambió? El magistrado se escudó en el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py, que en diciembre pasado le abrió la puerta de la cárcel a Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua por su accionar en el circuito compuesto por Atlético-Banco-Olimpo (ABO). En esa oportunidad, Gustavo Hornos y Javier Carbajo habían señalado que no podría existir un estándar distinto para criminales de lesa humanidad.
Esta serie de beneficios a genocidas se dan luego que en julio de 2024 un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron a represores detenidos en el penal de Ezeiza. Según trascendió en aquel momento, existía un plan por parte de un ala del Gobierno nacional para liberarlos.
Cabe recordar que Ruffo consiguió la prisión domiciliaria en 2016 junto a otros 50 genocidas. Fue la primera ola de beneficios a represores durante el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo su punto cúlmine con el fallo de 2×1 de la Corte Suprema (reducía el tiempo de condena a la mitad). Esta decisión generó tal rechazo que la sociedad se movilizó masivamente y el máximo tribunal tuvo que dar marcha atrás.
Por aquella época, uno de los jueces protagonista de los beneficios a los genocidas fue Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata. El magistrado se le abrió un jury en el Consejo de la Magistratura por haberle concedido la prisión domiciliaria al represor Eduardo Barreiro con un insólito argumento: cuidar a su padrastro enfermo, quien para colmo murió poco tiempo después, lo cual no impidió que el beneficiado igualmente se quedara en su casa durante varios meses. Mismo beneficio le otorgó al comisario Juan Miguel Wolk, alias “el nazi”, exjefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Kreplak le concedió el beneficio bajo el argumento que el detenido de 82 años padecía “delicadas enfermedades” que tornan “inconveniente” su permanencia en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde se encontraba alojado.
“Puede llegar a ser costumbre por parte de la Justicia otorgar beneficios como prisión domiciliaria o libertar condicional pasado los 70 años. Sin embargo, se tratan de delitos de lesa humanidad: tortura, violación, asesinato y apropiación de bebés de manera sistemática. Y ya vimos que tanto en el gobierno de Macri como en el de Milei, se vuelve tendencioso en algunos tribunales emular los crímenes de lesa humanidad a un delito común”, reflexionó Gayá.