Las dos centrales que integran el arco del sindicalismo argentino, la CTA Autónoma (CTA-A) y la CTA de los Trabajadores (CTA-T), anunciaron este jueves el inicio de un estado de movilización permanente en rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno envió al Senado. Ambas organizaciones denunciaron que la iniciativa “no moderniza nada” y que fue redactada “en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios”, con el objetivo de avanzar hacia una “precarización generalizada” del empleo.
En un comunicado conjunto, los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky señalaron que el proyecto oficial debilita la presunción de relación laboral, facilita maniobras de fraude, promueve tercerizaciones sin controles y habilita esquemas de salarios dinámicos que —advirtieron— “destruyen la estabilidad salarial”. También rechazaron la reducción de costos de despido, al considerar que traslada cargas al Estado y desfinancia el sistema previsional.
Según las centrales, la reforma impulsada por el Ejecutivo vulnera pilares históricos del derecho laboral argentino, como las vacaciones pagas, la jornada laboral regulada y la protección sindical. Alertaron además que su aprobación profundizaría la informalidad, deterioraría el poder adquisitivo y agravaría la crisis económica.
En paralelo a la difusión del comunicado, dirigentes de ambas CTA se reunieron con el interbloque de senadores de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, para unificar posiciones y consolidar el rechazo parlamentario. Horas antes, habían mantenido otro encuentro con el bloque de diputados del mismo espacio, con el objetivo de coordinar una estrategia legislativa conjunta.
Como parte del plan de acción, la CTA-A y la CTA-T confirmaron que se sumarán a la movilización convocada para el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y en plazas de todo el país, una jornada de protesta articulada con la CGT para exigir que el Congreso rechace el proyecto de reforma laboral.