El Gobierno sufrió este viernes un revés judicial luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, ordenara restablecer la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, cuya aplicación había sido suspendida por el presidente Javier Milei. La decisión obliga a ejecutar los pagos destinados a prestadores y a participantes de talleres protegidos.
La medida judicial surge a partir de un amparo colectivo impulsado por organizaciones dedicadas a la asistencia de personas con discapacidad. Al fallar a favor del planteo, González Charbay dejó sin efecto el artículo II del decreto 681/25, mediante el cual el Gobierno había frenado la implementación de la norma alegando que la ley no explicitaba la fuente de financiamiento necesaria para cubrir sus costos.
La emergencia en discapacidad había sido aprobada por el Congreso y luego ratificada en una segunda votación, pese a la resistencia oficial. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un impacto fiscal anual de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Con este fallo, el Gobierno queda obligado a activar inmediatamente los mecanismos previstos por la ley, en un escenario donde las organizaciones involucradas advierten sobre la urgencia de recursos para evitar la interrupción de servicios esenciales.