El caso reabre cuestionamientos al Ministerio de Seguridad bonaerense por la falta de fiscalización del sector, la habilitación de personal no capacitado y un proyecto oficial que podría flexibilizar aún más los requisitos para trabajar como controlador.
La muerte de Alexis Oscar Rogers tras una violenta trifulca ocurrida en la madrugada del sábado en el boliche Sutton Bar, en San Miguel, volvió a colocar en el centro del debate las condiciones en las que se desarrolla la actividad de control de admisión y permanencia (CAP) en la provincia de Buenos Aires y el rol del Estado en su fiscalización.
Por el hecho quedaron aprehendidos cuatro trabajadores de seguridad (Patovicas) del local. Según fuentes del sector nocturno, los involucrados no contarían con la habilitación obligatoria que exige la normativa provincial para desempeñarse como controladores y que otorga el ministerio de seguridad bonaerense.
Esta tragedia vuelve a evidenciar la ausencia total de fiscalizaciones y el incumplimiento de la normativa vigente, una situación que, según denuncian, se repite desde hace años en distintos puntos de la provincia.
En el sector señalan que la legislación vigente (ley 13.964 y su decreto reglamentario 1096/09) obliga a que los controladores cuenten con capacitación específica y estén debidamente registrados en el RECAP (Ministerio de Seguridad). Sin embargo, denuncian que la falta de inspecciones y controles efectivos por parte del Ministerio que conduce Javier Alonso permite que establecimientos nocturnos contraten personal sin habilitación, lo que deriva en una creciente precarización laboral y en mayores riesgos para el público que concurre a estos lugares de esparcimiento.
La Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada, dependiente de esa cartera y a cargo de Santiago Boggione, es el área encargada de fiscalizar tanto a las agencias de seguridad privada como a las empresas que prestan servicios de control de admisión, teniendo su única oficina en La Plata para gestionar y controlar habilitaciones de empresas y trabajadores en 135 municipios de la Pcia de Buenos Aires.
Esta imposibilidad de supervisión no solo afecta a los trabajadores, sino también a los clientes de los locales bailables, al permitir que personas sin la formación adecuada intervengan en situaciones de conflicto en espacios de alta concentración de público.
Seguridad nocturna: un proyecto que pretende reformar la legislación vigente que no se cumple para flexibilizar controles
El caso de Sutton Bar se produce en un contexto de fuerte polémica por la tramitación de un proyecto oficial (EX-2025-40991288–GDEBA-DDPRYMGEMSGP) para modificar el decreto reglamentario de la Ley 13.964, que regula la actividad de los controladores en la provincia. El expediente, iniciado en noviembre de 2025, continúa en análisis y actualmente se encuentra dentro del Ministerio de Seguridad. La iniciativa de promover dicha modificación vendría de la asesoría general de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lidera Santiago Pérez Teruel. La propuesta podría eliminar o reducir la exigencia del curso específico, entre otras cosas, para ejercer la actividad, lo que implicaría —según advierten— un retroceso de más de dos décadas en materia de profesionalización y regulación del trabajo en la nocturnidad. Por otro lado, le daría al Ministerio de Seguridad el control absoluto en la actividad, sobre todo en materia de infracciones y multas.
Las objeciones no se limitan a los boliches. En el sector también cuestionan lo ocurrido en recientes eventos masivos, como el Lollapalooza Argentina 2026 que se realizó en San Isidro, donde —según señalan— se habría permitido la participación de empresas de seguridad privada en funciones reservadas al personal CAP y con declaraciones de dotaciones inferiores a las habituales en desmedro de la seguridad de los concurrente, favoreciendo a empresarios y productores que de esta forma destinan menos recursos a la seguridad en dichos eventos.
Un problema estructural que vuelve a quedar expuesto
La muerte de Rogers reavivó el recuerdo de otros episodios trágicos vinculados a la violencia en locales nocturnos, como el caso ocurrido en Villa Gesell en 2020 que terminó con el asesinato de Fernando Báez Sosa. La reiteración de estos hechos evidencia que las advertencias sobre la falta de controles en la contratación del personal CAP no habilitado no fueron atendidas por las autoridades.
Mientras la investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido en Sutton Bar, el caso vuelve a abrir un debate más amplio sobre la regulación del sector, la capacitación obligatoria y el rol del Estado en la prevención de hechos de violencia en la noche bonaerense.