Alberto Baños presentó su renuncia en medio de una gestión atravesada por recortes, conflictos con organismos y cuestionamientos a su accionar.
Durante su mandato, redujo la estructura del organismo a un tercio y avanzó con despidos masivos, mientras crecían las críticas por el desmantelamiento de políticas de memoria. La presencia de la Policía Federal controlando ingresos en la sede ubicada en la exESMA generó un fuerte rechazo entre trabajadores y organismos de derechos humanos.
En el plano internacional, impulsó una “solución amistosa” ante la CIDH para equiparar delitos cometidos por grupos guerrilleros con crímenes de lesa humanidad, y respaldó los reclamos de los jueces Bruglia y Bertuzzi para permanecer en sus cargos.
El punto de quiebre llegó en mayo, cuando aceptó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría, junto con la pérdida de jerarquía del Museo Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria.
Su salida se suma a otras renuncias en el Gobierno y deja un área estratégica debilitada.