La CGT dio por cerrada la posibilidad de negociar con el Gobierno modificaciones al proyecto de reforma laboral y decidió endurecer su estrategia política y parlamentaria. Sin señales concretas del oficialismo ni contactos efectivos con los interlocutores anunciados por el Gobierno, la central obrera reorientó su accionar hacia los gobernadores y el Senado, donde busca reunir los votos necesarios para frenar la iniciativa.
La definición se terminó de consolidar luego de que no prosperaran las expectativas de una convocatoria atribuida a sectores considerados dialoguistas dentro del Ejecutivo. Según fuentes sindicales, tampoco hubo avances con el equipo técnico que aguardaba un llamado de Josefina Tajes, señalada como posible nexo para discutir cambios en la norma.
Dentro de la CGT existieron distintas lecturas sobre el silencio oficial. Algunos dirigentes interpretaron la falta de diálogo como una señal de debilidad legislativa del Gobierno, similar a la que en diciembre obligó a postergar el tratamiento del proyecto. Otros, en cambio, advirtieron que el Ejecutivo podría ya contar con los votos necesarios, una hipótesis reforzada por declaraciones de Bullrich, quien aseguró que 44 senadores acompañarían la reforma.
El conteo gremial, sin embargo, indica que hoy hay 28 senadores dispuestos a rechazar el proyecto. Con nueve votos más, la iniciativa quedaría bloqueada en la Cámara alta. En ese marco, la CGT volvió a poner el foco en los gobernadores, especialmente en figuras como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), con la expectativa de que parte de sus bloques legislativos se desmarquen del oficialismo nacional.
En paralelo, el sindicalismo sumó un respaldo inesperado: tres cámaras empresarias —CAC, CAME y Adimra— cuestionaron cinco artículos del proyecto. En particular, rechazaron la eliminación de algunas cláusulas, como los aportes extraordinarios, y la posibilidad de que acuerdos de menor nivel prevalezcan sobre convenios nacionales. Esos planteos coinciden con las objeciones centrales de la CGT, que advierte sobre el impacto de la reforma en las cuotas solidarias y en la estructura de la negociación colectiva.
La estrategia sindical se sostiene hoy en dos planos: la confrontación pública y la eventual convocatoria a medidas de fuerza y el trabajo con gobernadores y bloques legislativos para debilitar los artículos más sensibles.
En este marco, representantes de 25 organizaciones se juntaron el miércoles en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para consolidar un espacio común que enfrente la reforma laboral.