El Gobierno puso primera en la modificación impositiva que tendría un fuerte impacto sobre uno de los reclamos más recurrentes de la Provincia, que es la coparticipación. La modificación del Impuesto al Valor agregado (IVA), abre un escenario complejo de ventajas y puntos en contra.
El plan de la administración libertaria es dividir el IVA entre Nación y provincias. Esta medida, podría ser un cambio que marque un nuevo curso en la economía y el sistema tributario argentino. Porque al dejar de ser coparticipable, y quedar establecido en forma concurrente y con alícuotas distintas por Nación y provincias, las jurisdicciones grandes, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, podrían fijar una tasa propia menor a la que reciben hoy por coparticipación. Pero este cambio obligaría a las provincias del norte a arrojarse a la arena, en búsqueda de una tasa superior que responda a sus necesidades y que, al mismo tiempo, les permita competir con el resto.
Poniendo de lado las claras intenciones del Ejecutivo nacional, la iniciativa debe ser enviada al Congreso. Por esto, reconocen que esto se hará cuando lo decidan “los tiempos políticos”. Si no es de inmediato, el Gobierno lo intentaría con el nuevo Congreso, después de las legislativas.
En la provincia de Buenos Aires, este proyecto genera expectativas y dudas, ya que Ingresos Brutos representa más del 75% de la recaudación propia y equivalente a cerca del 4% del PBI provincial, según datos recientes. El esquema plantea que Buenos Aires decida su alícuota adicional para mantener sus ingresos fiscales. Por ejemplo, si suma un 4% al IVA nacional, el gravamen total alcanzaría el 13.5%, lo que podría ser inferior al actual IVA del 21% combinado con Ingresos Brutos, que varía entre 1.5% y 5% según el sector.
Esta propuesta no es ajena para las autoridades de la Provincia y así lo manifestó el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien señalo que “no es novedoso, se viene discutiendo hace rato en el marco del FMI. La Provincia deberá evaluar según las implicancias del proyecto, como lo planteen” y agregó que “tenemos que analizar cualquier propuesta de reforma que proponga el gobierno nacional”.
Esta propuesta también impacta en el sector privado, para las empresas, la implementación de la reforma podría significar una simplificación del sistema tributario, en particular para aquellas que desarrollan actividades en múltiples jurisdicciones provinciales. En este sentido, si la Provincia decidiera establecer alícuotas competitivas, podría posicionarse de manera favorable para captar mayores niveles de inversión. Sin embargo, la eventual convivencia entre el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el nuevo esquema del IVA —en caso de que el primero no sea eliminado— podría derivar en mayores complejidades administrativas, así como en un incremento de los costos operativos para las compañías. En este escenario, la administración bonaerense se verá ante una disyuntiva: optar por una reducción de impuestos con el objetivo de estimular la actividad económica, o bien sostener alícuotas elevadas con el fin de asegurar los ingresos necesarios para atender una creciente demanda de servicios públicos esenciales.
Nación lanzó la primera piedra y será la Provincia la que deberá analizar si el impacto es positivo o negativo en el balance de sus arcas.