El conflicto en la planta de Lustramax, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, dejó de ser un reclamo salarial para convertirse —según los trabajadores— en un “laboratorio” de prueba de la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en el Congreso en febrero. Así lo advirtió el delegado sindical Leandro Gómez, quien acusó a la empresa de simular una crisis económica para avanzar sobre derechos adquiridos y disciplinar a los delegados.
Los empleados mantienen un acampe frente a la fábrica de artículos de limpieza y denuncian que el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) fue utilizado como una “pantalla” para ejecutar despidos persecutorios. Gómez aseguró que la firma no presenta dificultades reales: afirmó que los últimos balances son positivos y que hasta mediados de diciembre la actividad incluía horas extras, lo que —según sostuvo— contradice el argumento patronal.
Uno de los puntos de mayor tensión fue la irrupción de la abogada Florencia Arietto, vinculada políticamente a Patricia Bullrich, como representante de la empresa. Desde el gremio señalaron que su intervención forma parte de una estrategia para ensayar despidos de delegados y flexibilizar condiciones laborales. Pese a las 29 cesantías denunciadas, los trabajadores aseguran que la producción continúa y que la mercadería sale con normalidad.
La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense por 15 días fue calificada como “light” por el cuerpo de delegados. Denuncian que la empresa incumple la medida al impedir el reingreso de los despedidos y sostener un lockout, mientras fuerzas de seguridad custodian la salida de camiones. La presencia de Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense para ejecutar órdenes de desalojo del acampe sumó un nuevo capítulo al conflicto y motivó cuestionamientos de organismos de derechos humanos, que advierten sobre falta de jurisdicción y uso intimidatorio de la fuerza.
El origen del conflicto incluye deudas previsionales —con cuatro meses de aportes impagos a la obra social—, salarios adeudados, parte del aguinaldo y un bono acordado en diciembre. Además, el gremio recordó que la normativa vigente impide despidos mientras un PPC está en análisis.
Con la conciliación cerca de vencerse y sin garantías de reincorporación, los trabajadores ratificaron la continuidad del plan de lucha y alertaron que el conflicto en Lustramax podría anticipar el escenario laboral que se busca imponer a nivel nacional.