El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur sufrió un freno clave luego de que el Parlamento Europeo resolviera someterlo a una consulta ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que implica un bloqueo temporario. El proceso de revisión legal podría extenderse por varios meses y, aun con aval político, la implementación plena del convenio podría demorarse hasta un año.
La decisión fue adoptada por un margen estrecho: 334 votos a favor y 324 en contra. Con ese resultado, los legisladores europeos habilitaron a la Justicia del bloque a determinar si el acuerdo firmado el último sábado en Asunción, Paraguay, se ajusta a los tratados que rigen a la Unión de 27 países.
La consulta judicial se produce en un contexto de fuertes diferencias internas dentro de Europa. Para destrabar resistencias, el Consejo de la UE había optado por una estrategia alternativa: separar el capítulo arancelario del institucional. Francia fue uno de los países que más objeciones planteó a esa vía, y finalmente el Parlamento decidió trasladar la definición al ámbito judicial.
La intervención del Tribunal de Justicia introduce ahora una nueva instancia que podría prolongar las negociaciones y dilatar su aplicación efectiva.