El empleo sin registrar en nuestro país continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del mercado de trabajo. Según el último informe de Argendata, cerca de 8,8 millones de personas trabajan sin estar registradas, lo que representa un 42% del total de ocupados. Este fenómeno, que se profundiza desde hace al menos diez años, incide negativamente en los ingresos y el acceso a la seguridad social.
Sobre una población ocupada de 21,1 millones, el informe detalla que 5,5 millones son asalariados sin aportes previsionales, mientras que 3,3 millones son trabajadores independientes no inscriptos en el monotributo ni en el régimen de autónomos. La incidencia de la informalidad varía según el tipo de empleo: el 36% de los asalariados no está registrado, cifra que se eleva al 57% entre los trabajadores independientes.
Dentro de este último grupo, los cuentapropistas son los más expuestos, con un 62% de informalidad, mientras que, entre los patrones, el índice desciende a menos del 20%.
Aunque Argentina se encuentra por debajo del promedio regional en materia de informalidad, sus niveles son superiores a los de Chile, Uruguay y Brasil. Este escenario no sólo refleja la precarización creciente del empleo, sino también la dificultad del Estado para ampliar la cobertura de derechos laborales y previsionales.