La Iglesia cuestionó el proyecto oficial para bajar la edad de punibilidad

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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno de reducir de 16 a 13 años la edad de punibilidad penal, incluida recientemente en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. En un documento titulado “Más oportunidades que penas”, la Iglesia reclamó políticas que prioricen la inclusión y el acompañamiento estatal por sobre el endurecimiento de las sanciones.

En el comunicado, la CEA manifestó su solidaridad con las víctimas de delitos y sus familias, pero advirtió que centrar el debate exclusivamente en la respuesta penal puede invisibilizar factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de contención por parte del Estado. En ese sentido, sostuvo que la problemática de los menores en conflicto con la ley requiere una mirada más amplia y preventiva.

El pronunciamiento coincidió temporalmente con la reunión de la senadora Patricia Bullrich con los padres de Jeremías Monzón, el adolescente santafesino asesinado por tres menores. Allí, la legisladora aseguró que la ley “va a salir” y defendió la necesidad de avanzar con la reforma para evitar nuevos casos de violencia protagonizados por adolescentes.

Desde la Iglesia, en tanto, volvieron a expresar reparos históricos a la baja de la edad de punibilidad y plantearon dudas sobre el destino de los menores en caso de aprobarse la reforma, así como sobre la capacidad real del sistema para garantizar procesos efectivos de educación y reinserción social. También cuestionaron la infraestructura disponible en las provincias y la aptitud de las instituciones para trabajar con adolescentes.

Finalmente, la CEA remarcó la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una perspectiva humanizada, orientada a la recuperación y no solo a la sanción. Mientras el Gobierno busca acelerar el tratamiento legislativo, el debate también genera preocupación entre los gobernadores, que reclaman definiciones sobre el financiamiento de la infraestructura de contención para menores.