El Senado aprobó la ley de financiamiento universitario

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La ley de financiamiento universitario garantiza la recomposición salarial docente y no docente, además de aportar fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales. La iniciativa, que había sido redactada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), eleva el presupuesto del sector al 1% del PBI y constituye un revés político para el Gobierno, que se opuso al proyecto.

La votación obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. A favor se expresaron legisladores de Unión por la Patria, la UCR, parte del PRO y bloques provinciales. En contra se pronunciaron los seis senadores libertarios, junto a Alfredo De Angeli (PRO–Entre Ríos), Martín Goerling (PRO–Misiones), Carolina Losada (UCR–Santa Fe) y Francisco Paoltroni (Formosa). Entre las abstenciones se destacaron Andrea Cristina (PRO–Chubut), Victoria Huala (PRO–La Pampa) y Juan Carlos Romero (Salta).

Fondos y actualización salarial

El dictamen aprobado establece una recomposición presupuestaria retroactiva de mayo a diciembre de 2024, además de una actualización bimestral por inflación a partir de enero de este año. También dispone la creación de una partida especial destinada a nuevas carreras estratégicas, junto con la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes.

En materia salarial, la norma ordena saldar las diferencias acumuladas entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Además, en 2025 deberá completarse la incorporación al básico de todas las sumas no remunerativas y no bonificables.

Control y destino de recursos

Los fondos asignados serán utilizados para el funcionamiento de los establecimientos universitarios, hospitales universitarios, proyectos de Ciencia y Técnica y programas de Extensión Universitaria. A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá a su cargo el control administrativo externo de las universidades de gestión estatal, y remitirá al Congreso los informes correspondientes.

Con esta sanción, el sistema universitario nacional contará con un esquema de financiamiento estable y actualizado, tras meses de reclamos de las comunidades académicas frente al deterioro presupuestario por la inflación.