El oficialismo debió frenar el tratamiento de la reforma laboral y abandonar la idea de un trámite “express”. La iniciativa se debatirá recién el 10 de febrero, luego de una semana atravesada por chispazos internos y con aliados tras la media sanción del Presupuesto en Diputados y el acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para la Auditoría General de la Nación (AGN).
La decisión fue comunicada por la senadora Patricia Bullrich, quien pidió sesionar en febrero después de que el Gobierno lograra aprobar el Presupuesto al costo de resignar la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo que abrió la puerta a eventuales modificaciones o un veto por su impacto fiscal. En cambio, el 26 de diciembre se tratarán el Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, ambos con aval de la Cámara baja.
Bullrich anticipó además una nueva ronda de sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero para avanzar con los proyectos impulsados por la Casa Rosada, entre ellos la reforma laboral y la Ley de Glaciares. Aunque la reforma ya cuenta con dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, el Gobierno aceptará cambios antes de llevarla al recinto.
En el Congreso señalan que la falta de acuerdos se profundizó por el malestar del Ejecutivo con la versión del Presupuesto aprobada y por el pacto LLA–kirchnerismo para la AGN, que dejó afuera al PRO y llevó a su jefe de bloque, Cristian Ritondo, a amenazar con una denuncia contra el presidente de Diputados, Martín Menem. Con ese escenario, el oficialismo no reunía los votos para garantizar la sanción.