El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno con 42 votos afirmativos y 30 negativos. La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, la UCR y bloques alineados con gobernadores provinciales para alcanzar una amplia mayoría. En contra votaron el interbloque peronista, sin fisuras, y los dos senadores de Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal.
En las horas previas a la votación, el oficialismo introdujo modificaciones clave para garantizar apoyos. Entre los cambios más relevantes se sacó del texto la eliminación de los aportes solidarios obligatorios a los sindicatos. Aunque se mantuvo el tope del 2%, el proyecto original los convertía en voluntarios. Desde el bloque libertario argumentaron que esa medida podía generar una “implosión” en varios gremios, especialmente en sectores como hotelería y centros deportivos, con fuerte impacto en ciudades del interior.
También se retiró la rebaja en el Impuesto a las Ganancias para empresas, un punto resistido por gobernadores preocupados por la caída en la recaudación provincial. La exclusión de ese artículo permitió destrabar el respaldo de senadores vinculados a mandatarios provinciales.
Otro aspecto sensible que fue modificado es el cálculo de la antigüedad para trabajadores que hayan tenido un vínculo laboral previo con el mismo empleador, lo que impacta directamente en las indemnizaciones por despido.
Durante el cierre del debate, la ministra Patricia Bullrich defendió la iniciativa: “No estamos prometiendo milagros, estamos trayendo alternativas concretas. Argentina necesita generar trabajo y eso se genera con competitividad”. Además, destacó que el texto final fue producto de “mesas y horas de trabajo” y subrayó dos ejes centrales: el fin de la llamada “industria del juicio”, con límites a la litigiosidad laboral, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS.
El FAL establecerá aportes diferenciados a propuesta del radicalismo: las grandes empresas contribuirán con un 1%, mientras que las PyMEs aportarán un 2,5%, con topes variables de hasta el 3% bajo control parlamentario.
Desde la oposición, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó que el Gobierno haya cedido ante los gremios. “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT y lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”, afirmó.
Por su parte, el jefe del bloque radical, Edgardo Vischi, consideró que la norma “es mejorable” pero valoró el avance del debate. “Podemos seguir discutiendo todo el año porque la tecnología está haciendo cambios importantes; por lo menos es una invitación a discutir el tema”, señaló, y destacó como positivo haber eliminado el beneficio de Ganancias que afectaba a las provincias.
Con media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo en Diputados, donde el oficialismo buscará consolidar los consensos alcanzados en el Senado.