El Gobierno de Javier Milei oficializó la marcha atrás de las reformas en organismos estratégicos como el INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Dirección Nacional de Vialidad, luego de que el Congreso rechazara cinco decretos delegados a fines de agosto.
La decisión se concretó este miércoles mediante los decretos 627 y 628 publicados en el Boletín Oficial, que restituyen la plena vigencia de las normativas previas. Así, el INV pasará a depender de la Secretaría de Industria, dentro del Ministerio de Economía, y Vialidad Nacional recuperará su funcionamiento original.
Las medidas frenadas formaban parte del plan de reducción del Estado y flexibilización laboral impulsado por el oficialismo. Entre ellas figuraban la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la habilitación de tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional, la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos y la fusión de institutos históricos.
La anulación alcanzó también a cambios en organismos culturales y a la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, lo que había desatado un fuerte rechazo gremial, académico y opositor.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión de retroceder señalando la necesidad de “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración y juridicidad”.