Desde la eliminación de la Ley de Alquileres, los precios en Argentina aumentaron más de un 360%, mientras los salarios reales se desplomaron y la deuda de los hogares se multiplicó. Según la Encuesta Nacional Inquilina, el 31% de quienes alquilan tuvo que sumar otro empleo para sostener su vivienda y el 70% se endeudó para cubrir gastos básicos.
El impacto es visible en todo el país: en promedio, el 20% de la población alquila, pero la proporción crece en los grandes centros urbanos —en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pasó del 29% al 37% en siete años—. A la vez, el 66% de los hogares inquilinos destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, y uno de cada cuatro supera el 60%.
Durante el primer semestre de 2025, los alquileres aumentaron 41,8%, casi el triple que la inflación general (15,3%), con subas más fuertes en el Noroeste (+8,3%) y la Patagonia (+6,2%). En paralelo, los salarios reales del sector privado cayeron 5,5% desde el inicio del actual gobierno, mientras los empleados públicos perdieron 19% y los jubilados 23%. El salario mínimo se encuentra en el nivel más bajo desde 1990.
El pluriempleo alcanzó al 17,1% de los trabajadores —unos 204 mil más que en 2023—, y el 73% de los hogares arrastra deudas con tarjetas, servicios o alimentos. A esto se suma la inestabilidad de los contratos: más del 65% se actualiza cada tres o cuatro meses, y uno de cada seis inquilinos tuvo que mudarse por no poder afrontar los aumentos.
La crisis se profundiza por el desmantelamiento de políticas habitacionales. La suspensión de programas como Casa Propia, Argentina Construye y el Plan Nacional de Suelo Urbano dejó 125.000 viviendas paralizadas y redujo la intervención estatal en un contexto de emergencia.
Con ingresos en caída, endeudamiento creciente y alquileres en alza, miles de familias enfrentan hoy la incertidumbre de no saber si podrán mantener un techo sobre sus cabezas en los próximos meses.