La administración pública nacional vuelve a encender alarmas: el 31 de diciembre vencen unos 70.000 contratos y miles de trabajadores no tienen aún certeza sobre su continuidad. En un contexto marcado por casi 60.000 despidos desde el inicio del gobierno de Javier Milei y con nuevas reducciones previstas para 2026, el Ejecutivo evalúa profundizar el achique del Estado con otra ola de cesantías que podría afectar al 10% de la planta vigente, es decir, cerca de 29.000 empleados.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron la falta de definiciones y exigieron la renovación inmediata de todos los vínculos contractuales. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que “las amenazas” se concentran en el inminente vencimiento de los contratos y convocó a un paro nacional con movilizaciones para el 9 de diciembre.
El clima de tensión también se trasladó a organismos específicos. En el INTI, trabajadores protestaron en la avenida General Paz luego de que el Gobierno oficializara la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición, y se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad. ATE sostiene que la combinación de vencimientos masivos y la reforma laboral que el Congreso se dispone a tratar configura un escenario crítico para el empleo público hacia fin de año.